Coincidiendo con del Día Internacional de los Derechos Humanos y el último paso de la tramitación de los PGE2015 en el Senado, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo denuncia que los presupuestos para el próximo año minan las políticas sociales y atentan contra los derechos humanos
Con una deuda pública que supera por primera vez el 100% del PIB, el pago de los intereses se lleva un 10,2% del total de los presupuestos; o lo que es lo mismo: casi 100 millones diarios
Tal volumen hace que los fondos destinados a políticas sociales –ya muy debilitadas en los últimos años– queden prácticamente congelados. Esta situación contrasta con el discurso del gobierno que insiste en denominarlos como los “presupuestos de la consolidación de la recuperación”
La política pública más afectada es la de cooperación cuyo recorte acumulado desde 2011 la sitúa a niveles de los años 90. En contraste, la I+D militar aumenta este año un 43,5%. Las prioridades están claras.
Madrid, 10 de diciembre de 2014. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo denuncia que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 no garantizan los derechos de las personas.
Algunas cifras sobre los recortes en derechos:
Las cifras sobre la realidad social española no son simples números, son personas cuyos derechos se han visto minados. 5 millones de personas sufren exclusión severa; 4,5 millones no tienen empleo; 2,7 millones de menores viven en pobreza en nuestro país; España ocupa el vergonzoso segundo puesto en desigualdad en Europa, después de Letonia; los salarios son tan ínfimos que la pobreza laboral afecta ya al 15 de los y las trabajadoras.
Nuestra realidad más inmediata se sitúa en un contexto mundial que arroja cifras escandalosas: las 85 personas más ricas del planeta ganan medio millón de euros por minuto; 1.300 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza –lo que significa más de 27 veces la población española–, y más de 800 millones sufren subalimentación crónica. Mientras tanto, los fondos destinados a cooperación se estancan en niveles mínimos.
A pesar de esta realidad, el gobierno se aferra al cumplimiento del déficit para justificar su escaso compromiso con las políticas sociales. Olvida que, tal como señala Naciones Unidas, los gobiernos están obligados a destinar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos humanos de la población. Una cuestión que podría asegurarse si se pusieran en marcha políticas fiscales justas y redistributivas. No hacerlo, puede llegar a suponer una violación de derechos humanos.
Montoro insiste: “son los presupuestos de una nueva etapa esperanzadora”; sin embargo, en líneas generales, su volumen para políticas como educación o sanidad continúan siendo los mismos que el año pasado, es decir, francamente escasos. ¿Cómo hablar de esperanza cuando el debilitamiento de las políticas sociales es tan acusado?
Política de cooperación:
Mientras España estrena su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presupuesto de I+D militar aumenta un 43,5%. El Ministerio de Defensa, a través del Ministerio de Industria, contará con 563 millones solo para desarrollar un submarino, helicópteros, dos buques y un avión de transporte militar. En contraposición, la partida para ayuda humanitaria contará con 16,8 millones para todas las emergencias que surjan a lo largo del año. Estas cifras llaman profundamente la atención en un contexto internacional con más de 30 conflictos armados y un creciente número de desastres naturales con gravísimas consecuencias para millones de personas.La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que es la que expresa de una manera más directa la voluntad del gobierno español de contribuir a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, sufre desde 2011 un recorte del 74%. Esta falta de compromiso real supone cuestionamiento frontal a los deseos de España de obtener un espacio destacado en la esfera internacional.
Nuestra demandas:
No se trata de enfrentar a pobres contra pobres, sino de garantizar los derechos de las personas más vulnerables en cualquier lugar del mundo. La integración de la perspectiva de desarrollo debe ser prioritaria si queremos ser actores responsables en un mundo profundamente interconectado. Es imprescindible que España apueste por fomentar un modelo de desarrollo enfocado a la distribución equitativa de los recursos y a la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Hay alternativas:
Cumplimiento progresivo de todas las obligaciones en materia de derechos humanos
Garantizar ingresos suficientes a través de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción; la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras que se destine a la lucha contra la pobreza y a la protección del medio ambiente; la persecución de la elusión y la evasión fiscal; y la erradicación de los paraísos fiscales.
Aumentar la inversión social hasta, como mínimo la media de la Unión Europea. (Actualmente España se encuentra en un gasto del 17,70% del PIB frente al 19.90% de la media europea).
Aumentar la cantidad asignada a la Ayuda Oficial al Desarrollo, especialmente el presupuesto asignado a la AECID, manteniendo el compromiso del cumplimiento del 0,7%.
Puedes leer el MANIFIESTO en este enlace.
#PGEAntipersonas
Más información: Yolanda Polo (yolanda.polo@coordinadoraongd.ogr) 695 940 370