Madrid, 11 de enero de 2012. Dos años después del terremoto que asoló Puerto Príncipe y en un contexto marcado por severos recortes en cooperación, las ONG de Desarrollo españolas que trabajan en el país rinden cuentas, explican su trabajo y analizan los retos que quedan por delante en la promoción del desarrollo del país.
La que fue la mayor catástrofe humanitaria de los últimos años -causando la muerte a más de 220.000 personas- desató una respuesta histórica por parte de la sociedad española que fue canalizada a través de ONG. Más de 132 millones recaudados que, gracias en gran parte a la solidaridad ciudadana, permitieron en un primer momento realizar una ayuda humanitaria inmediata y, posteriormente, acompañar el desarrollo del país a través de proyectos de de salud, educación, agua y saneamiento, lucha contra el cólera, agricultura, soberanía alimentaria o prevención ante futuras catástrofes. El compromiso con Haití continúa; algunas ONGD acaban de recibir fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) para seguir trabajando en el país y apoyando su desarrollo a largo plazo.
Los retos para el desarrollo del país y para la prevención ante posibles catástrofes futuras son enormes y requieren un compromiso a largo plazo. Es necesaria una mayor coordinación y liderazgo del gobierno haitiano, pero también urge que los fondos comprometidos por los países donantes se hagan efectivos. Hasta ahora, sólo el 43% de los 4.600 millones prometidos han sido entregados. En cuanto a España, los recortes en cooperación recientemente anunciados por el gobierno español hacen temer que el papel destacado que ha tenido y tiene en Haití (donde es el tercer donante) puede estar en juego y con él, la garantía de las necesidades básicas de la población.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar el proceso de reconstrucción de Haití garantizando su desarrollo a largo plazo. Esperamos que los recursos destinados para ello no estén ligados a intereses económicos y que las políticas internacionales de carácter comercial, económico, migratorio y medioambiental sean revisadas para que contribuyan al fortalecimiento del país frente a su actual vulnerabilidad extrema.